Un ataque aéreo estadounidense mata a entre 61 y 68 migrantes africanos en un centro de detención de Yemen

Lo que ocurrió

El 28 de abril de 2025, poco antes de las 5.00 (hora local), aeronaves militares estadounidenses que llevaban a cabo la Operación Rough Rider contra las fuerzas hutíes en Yemen lanzaron varios ataques aéreos que alcanzaron un centro de detención de migrantes en Saada, en el noroeste de Yemen. El centro albergaba en ese momento a 115 migrantes africanos indocumentados, principalmente etíopes y somalíes detenidos por las autoridades de facto hutíes únicamente por su situación migratoria irregular cuando intentaban cruzar a Arabia Saudita.

Los ataques mataron, según los distintos recuentos, a entre 61 y 68 migrantes detenidos e hirieron a entre 47 y 56. Los detenidos dormían cuando cayeron las bombas. Junto con el ataque contra el puerto de Ras Isa, once días antes, fue uno de los dos incidentes con más daños a la población civil jamás registrados por acciones estadounidenses en Yemen (Airwars).

La investigación de Amnistía Internacional

En octubre de 2025, Amnistía Internacional publicó una investigación exhaustiva titulada «It Is a Miracle We Survived» («Es un milagro que sobreviviéramos»). La investigación concluyó:

• Ningún objetivo militar: Amnistía no encontró ninguna prueba de que el centro de detención de migrantes fuera un objetivo militar. El centro solo albergaba a migrantes detenidos, civiles que no participaban activamente en las hostilidades.
• Ataque indiscriminado: el ataque se calificó de indiscriminado con arreglo al derecho internacional humanitario, al no estar dirigido contra un objetivo militar concreto.
• Falta de precauciones: el ejército estadounidense no tomó todas las precauciones factibles para verificar el objetivo y evitar víctimas civiles, como exige el Protocolo adicional I.
• Calificación como crimen de guerra: Amnistía concluyó que el ataque debe investigarse como crimen de guerra.

La respuesta del ejército estadounidense

El ejército estadounidense, que llevaba a cabo una amplia campaña aérea contra las fuerzas y la infraestructura hutíes en el marco de la Operación Rough Rider, no reconoció públicamente el número de muertes civiles de este ataque hasta que se hizo público, en agosto de 2026, su informe de la sección 1057 correspondiente a 2025 (véase la actualización más abajo). No se ha anunciado ninguna investigación sobre la licitud del ataque ni ninguna otra medida de rendición de cuentas.

Análisis jurídico

La muerte de entre 61 y 68 migrantes detenidos que dormían en un centro de detención conocido suscita graves preocupaciones con arreglo a varios ámbitos del derecho internacional:

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohíbe los atentados contra la vida y la integridad corporal de las personas que no participan activamente en las hostilidades. Los migrantes detenidos eran civiles retenidos por infracciones migratorias, civiles protegidos por el artículo 3 común y por el DIH consuetudinario. («Personas protegidas» es un término del IV Convenio de Ginebra propio de los conflictos armados internacionales; el conflicto entre los Estados Unidos y los hutíes no tiene carácter internacional).

La prohibición consuetudinaria codificada en el artículo 51 del Protocolo adicional I prohíbe los ataques indiscriminados, es decir, los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto. La conclusión de Amnistía Internacional de que no había ninguna prueba de que el centro fuera un objetivo militar convierte el ataque en indiscriminado por definición.

El artículo 8, párrafo 2, apartado e), inciso i), del Estatuto de Roma tipifica como crimen de guerra en un conflicto armado sin carácter internacional el acto de dirigir intencionalmente ataques contra civiles. El uso civil del centro era ampliamente conocido: había albergado a migrantes durante años, organizaciones humanitarias lo habían visitado, y en enero de 2022 un ataque de la coalición dirigida por Arabia Saudita contra una prisión de Saada había matado al menos a 87 personas. Si el ejército estadounidense conocía el carácter civil del centro, o actuó con temeridad respecto de él, se alcanza el umbral; el «debería haberlo sabido» (negligencia) no bastaría con arreglo al artículo 30. Ni los Estados Unidos ni Yemen son Estados Partes de la CPI.

Por qué se clasifica como de grado máximo

• Víctimas civiles masivas: entre 61 y 68 personas muertas en un solo ataque, y entre 47 y 56 heridas; uno de los dos incidentes con más daños a la población civil registrados por acciones estadounidenses en Yemen.
• Las víctimas eran civiles detenidos: los muertos eran migrantes bajo custodia por infracciones migratorias, no combatientes. No tenían posibilidad de huir.
• Ataque indiscriminado: la investigación de Amnistía Internacional no encontró ninguna prueba de que el centro fuera un objetivo militar.
• Evaluación como crimen de guerra: una organización internacional de derechos humanos de primer orden ha concluido que el ataque debe investigarse como crimen de guerra.
• Ausencia de rendición de cuentas: el Pentágono aceptó en agosto de 2026 el número de víctimas civiles, pero rechazó los pagos ex gratia. No se ha anunciado ninguna investigación sobre la licitud del ataque ni ninguna otra medida de rendición de cuentas.

Violaciones del derecho internacional

1. Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra: prohibición de la violencia contra las personas que no participan activamente en las hostilidades. Los migrantes detenidos son civiles que no participan en las hostilidades.
2. DIH consuetudinario (artículo 51 del Protocolo adicional I): prohibición de los ataques indiscriminados. No se identificó ningún objetivo militar en el centro de detención.
3. Artículo 57 del Protocolo adicional I: obligación de tomar todas las precauciones factibles para evitar daños a la población civil. El ejército estadounidense no verificó la naturaleza del objetivo.
4. Artículo 8, párrafo 2, apartado e), inciso i), del Estatuto de Roma (crímenes de guerra, conflicto armado sin carácter internacional): dirigir intencionalmente ataques contra civiles.
5. Artículo 6 del PIDCP: privación arbitraria de la vida.

Actualización: el Pentágono reconoce el número de víctimas (agosto de 2026)

El informe anual del Departamento de Defensa sobre las víctimas civiles en 2025, presentado al Congreso en virtud de la sección 1057 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del ejercicio 2018 y publicado por CBS News en agosto de 2026, es el primer reconocimiento estadounidense de muertes civiles en este ataque. Al 1 de febrero de 2026, el Mando Central de los Estados Unidos estimaba que el ataque aéreo «en las proximidades de Saada (Yemen)» del 28 de abril de 2025 había causado daños a la población civil con una probabilidad «mayor que menor». El cuadro resumen del informe indica 68 civiles muertos y 47 heridos. Su párrafo descriptivo invierte ambas cifras («47 civiles muertos y 68 heridos»), una incoherencia interna que el informe no explica. Airwars interpreta el reconocimiento como 68 muertos. El mismo informe acepta 80 civiles muertos en el puerto de Ras Isa once días antes y 5 en Saná el 6 de abril de 2025, lo que suma un total de 153 civiles muertos y 243 heridos en Yemen. El CENTCOM sigue evaluando otros 15 incidentes notificados.

El informe califica el ataque de «ataque aéreo realizado con facultades de ataque contra una fuerza hostil declarada en una zona de conflicto armado». Afirma que la evaluación utilizó inteligencia estadounidense, imágenes e información de fuentes abiertas, sin entrevistas a testigos ni visitas sobre el terreno. Indica: «Se determinó que no procedía un pago ex gratia en este incidente». No identifica el objetivo previsto ni explica por qué se atacó un centro que albergaba a migrantes detenidos.

Incidencia en el análisis jurídico. El Estado atacante acepta ahora que murieron decenas de civiles, lo que cierra la controversia fáctica sobre la magnitud del daño. El informe no dice nada sobre lo que sabían los responsables de la selección de objetivos acerca del uso del centro, y esa es la cuestión de la que depende el artículo 8, párrafo 2, apartado e), inciso i). Por tanto, la conclusión de Amnistía Internacional de que no había ninguna prueba de que el centro fuera un objetivo militar sigue siendo la principal fuente sobre el elemento de intencionalidad.