Los ataques estadounidenses contra el puerto de combustible de Ras Isa matan a más de 84 civiles en Yemen

Lo que ocurrió

El 17 de abril de 2025, los Estados Unidos atacaron con 14 ataques aéreos la terminal petrolera de Ras Isa, cerca de Hodeida (Yemen), y mataron al menos a 84 civiles e hirieron a más de 150. Los ataques se produjeron durante la Operación Rough Rider, la campaña militar estadounidense general contra el territorio controlado por los hutíes, que se desarrolló del 15 de marzo al 6 de mayo de 2025.

La terminal petrolera de Ras Isa es uno de los tres puertos de Hodeida por los que pasan aproximadamente el 70 % de las importaciones comerciales de Yemen y el 80 % de su asistencia humanitaria. Es el principal punto de entrada de combustible en un país que ya sufre lo que las Naciones Unidas han calificado de peor crisis humanitaria del mundo. La función de la terminal es abrumadoramente civil: recibe envíos comerciales de combustible que abastecen hospitales, estaciones de bombeo de agua, el transporte de alimentos y las necesidades domésticas ordinarias en todo el norte de Yemen controlado por los hutíes.

Las víctimas

Airwars y otras organizaciones de vigilancia documentaron que 49 de los muertos eran trabajadores portuarios que realizaban tareas ordinarias en la terminal. Varios otros eran camioneros que esperaban turno para cargar combustible y transportarlo a puntos de distribución de todo el país. Dos miembros de protección civil murieron cuando acudían tras los primeros ataques. Tres de los muertos eran niños.

Los heridos fueron más de 150, y muchos sufrieron quemaduras graves por la ignición del combustible.

Análisis jurídico

Human Rights Watch publicó el 4 de junio de 2025 una investigación detallada en la que concluyó que los ataques contra Ras Isa eran un aparente crimen de guerra. El Mando Central de los Estados Unidos afirmó que los ataques tenían por objeto «eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y privarlos de ingresos ilícitos». HRW respondió que atacar un depósito de combustible porque genera ingresos «haría que prácticamente cualquier entidad que reportara un beneficio económico pudiera ser objeto de un ataque militar», y que «aunque el ataque se hubiera dirigido contra objetivos militares válidos, el daño causado a la población civil y a la infraestructura civil probablemente hizo que el ataque fuera ilícitamente desproporcionado». Señaló que los Estados Unidos tenían la obligación, con arreglo al derecho internacional humanitario, de adoptar precauciones para reducir al mínimo los daños a la población civil, precauciones que parecen haber sido insuficientes o inexistentes.

El Euro-Mediterranean Human Rights Monitor concluyó de forma independiente que los ataques constituían un uso ilícito de la fuerza y pidió una investigación inmediata y la rendición de cuentas.

Los ataques afectan a varias disposiciones del derecho internacional:

1. Prohibición consuetudinaria de los ataques desproporcionados (normas 14 y 156 del CICR): en el conflicto armado sin carácter internacional entre los Estados Unidos y los hutíes, lanzar un ataque del que quepa prever que cause daños a la población civil manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar prevista es un crimen de guerra con arreglo al derecho internacional consuetudinario. La disposición expresa del Estatuto de Roma, el artículo 8, párrafo 2, apartado b), inciso iv), solo se aplica en los conflictos armados internacionales. HRW concluyó que el daño previsible era excesivo incluso en el supuesto de que existiera un objetivo militar.
2. Artículo 54 del Protocolo adicional I (por analogía): Ras Isa es la principal vía de entrada del combustible que hace funcionar los hospitales, los sistemas de agua y el transporte de alimentos de millones de yemeníes; el combustible no figura entre los ejemplos enumerados en el artículo 54.
3. Principio de distinción: la terminal de Ras Isa procesa importaciones comerciales de combustible. Atacarla con 14 ataques aéreos plantea serias dudas sobre si los Estados Unidos distinguieron adecuadamente entre bienes civiles y objetivos militares.

Por qué se clasifica como de grado máximo

Este incidente recibe la clasificación de gravedad máxima por las siguientes razones:

• Magnitud de las muertes civiles: 84 muertos y más de 150 heridos en un único ataque contra una instalación portuaria civil.
• Ataque contra infraestructura indispensable: por Ras Isa pasa el 70 % de las importaciones de Yemen, un país en el que 19,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Destruir la capacidad portuaria amenaza directamente la supervivencia de millones de personas.
• Análisis de expertos: Human Rights Watch concluyó que los ataques son un aparente crimen de guerra. Euro-Med Monitor los calificó de ilícitos.
• Víctimas civiles identificables: a diferencia de muchos ataques aéreos en los que se discute la identidad de las víctimas, entre los 84 muertos había trabajadores portuarios, camioneros, personal de protección civil y niños claramente identificados, todos ellos dedicados a actividades civiles.
• Desproporción: 14 ataques aéreos contra una terminal de combustible mataron a 84 civiles. HRW concluyó que el daño previsible era excesivo incluso en el supuesto de que existiera un objetivo militar. El principal argumento de la defensa es la doctrina estadounidense de selección de objetivos que «sostienen la guerra», que considera atacables las fuentes de ingresos; no es aceptada por la interpretación predominante del derecho internacional humanitario.

Violaciones del derecho internacional

Están en juego las siguientes disposiciones del derecho internacional:

1. DIH consuetudinario (proporcionalidad, normas 14 y 156 del CICR): 84 muertes civiles y más de 150 heridos por 14 ataques contra un puerto de combustible; HRW concluyó que el daño era probablemente excesivo incluso en el supuesto de que existiera un objetivo militar.
2. Artículo 8, párrafo 2, apartado e), inciso xii), del Estatuto de Roma: destrucción de bienes del adversario que las necesidades del conflicto no hacían imperativa (conflicto armado sin carácter internacional). El artículo 8, párrafo 2, apartado b), incisos ii) y iv), solo sería aplicable si el conflicto fuera internacional.
3. Artículo 54 del Protocolo adicional I (por analogía): la terminal de Ras Isa suministra combustible a hospitales, sistemas de agua y el transporte de alimentos.
4. Principio de distinción del DIH: no distinguir entre la función civil del puerto y cualquier objetivo militar constituye una violación fundamental.
5. Principio de proporcionalidad del DIH: aunque existiera algún objetivo militar en el puerto, la magnitud de las víctimas civiles fue manifiestamente desproporcionada.
6. Artículo 6 del PIDCP (derecho a la vida): la privación arbitraria de la vida de 84 civiles, entre ellos niños, vulnera el más fundamental de los derechos humanos.

Actualización: el Pentágono reconoce el número de víctimas (agosto de 2026)

El informe anual del Departamento de Defensa sobre las víctimas civiles en 2025, exigido por el Congreso y presentado en virtud de la sección 1057 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del ejercicio 2018, se hizo público en agosto de 2026, cuando lo publicó CBS News. El informe se emite con el nombre de «Department of War» (Departamento de Guerra). Elimina la principal controversia fáctica de este registro. Al 1 de febrero de 2026, el Mando Central de los Estados Unidos estimaba que tres operaciones de 2025 en Yemen habían causado daños a la población civil con una probabilidad «mayor que menor». Una de ellas fue el ataque contra Ras Isa del 17 de abril de 2025, que según el informe «causó 80 civiles muertos y 171 heridos». Las otras dos fueron un ataque en Saná el 6 de abril de 2025 (5 muertos y 25 heridos) y el ataque contra el centro de detención de migrantes de Saada del 28 de abril de 2025. El CENTCOM sigue evaluando otros 15 incidentes notificados.

El informe describe el ataque contra Ras Isa como «un ataque aéreo realizado con facultades de ataque contra una fuerza hostil declarada en una zona de conflicto armado». Afirma que la evaluación se basó en inteligencia estadounidense, imágenes e información de fuentes abiertas, y que no se realizaron entrevistas a testigos ni visitas sobre el terreno. Respecto de cada incidente, indica: «Se determinó que no procedía un pago ex gratia en este incidente». No da ninguna razón para esa negativa.

Airwars, que había registrado al menos 84 muertes civiles en Ras Isa, afirmó que el reconocimiento se aproxima a su propia cifra. Su directora ejecutiva, Emily Tripp, declaró: «Reconocer haber matado a 80 civiles en un solo ataque debería provocar una gran indignación internacional». Airwars contabiliza al menos 224 civiles muertos en al menos 30 incidentes a lo largo de la campaña de 2025, frente a los 153 que acepta el informe.

Incidencia en el análisis jurídico. El reconocimiento zanja la magnitud del daño a la población civil según la propia evaluación del Estado atacante. No aborda lo que cabía prever en el momento del ataque, que es la cuestión que decide la proporcionalidad con arreglo al derecho consuetudinario, ni si el puerto era un objetivo militar lícito. El informe no contiene ninguna evaluación de la proporcionalidad, ninguna determinación de culpa ni ninguna medida de rendición de cuentas.