Operación Absolute Resolve: intervención militar unilateral de los Estados Unidos en Venezuela

Lo que ocurrió

El 3 de enero de 2026, hacia las 2.00 (hora local), las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lanzaron la «Operación Absolute Resolve» contra Venezuela. La operación tuvo dos fases:

1. Campaña aérea: bombardeos dirigidos contra la infraestructura de defensa antiaérea en todo el norte de Venezuela para neutralizar las defensas antiaéreas venezolanas.
2. Incursión de operaciones especiales: una incursión en el complejo del presidente Nicolás Maduro en Caracas.

El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante la incursión y extraídos bajo custodia estadounidense.

La operación se llevó a cabo:

• Sin una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que autorizara el uso de la fuerza
• Sin autorización del Congreso con arreglo a la Resolución sobre Poderes de Guerra
• Sin un fundamento válido de legítima defensa: Venezuela no había atacado a los Estados Unidos. En su lugar, el Gobierno describió la operación como una actuación de aplicación de la ley, con apoyo militar, para detener a un prófugo acusado formalmente.

El bloqueo naval previo

La intervención militar estuvo precedida por un bloqueo naval anunciado a mediados de diciembre de 2025. El presidente Trump declaró un «BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren en Venezuela o salgan de ella». La Armada de los Estados Unidos empezó a apresar buques cerca de Venezuela. Expertos de las Naciones Unidas condenaron el bloqueo como una violación de las «normas fundamentales del derecho internacional». Tradicionalmente, el derecho internacional considera el bloqueo un acto de guerra.

El Center for International Policy calificó el bloqueo de «acto de guerra» y pidió al Congreso que actuara.

Análisis jurídico

La prohibición fundamental: artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas

La Carta de las Naciones Unidas, en la que los Estados Unidos son parte y que contribuyeron a redactar, contiene en su artículo 2, párrafo 4, la prohibición fundamental del derecho internacional moderno: «Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado».

Esta prohibición solo admite dos excepciones:

1. La legítima defensa (artículo 51), que exige un ataque armado. Venezuela no había atacado a los Estados Unidos, y el narcotráfico no es un ataque armado.
2. La autorización del Consejo de Seguridad (Capítulo VII), que no se solicitó ni se obtuvo.

Ninguna de las dos excepciones es aplicable, y la presentación del Gobierno como actuación de aplicación de la ley (la detención de un prófugo acusado formalmente) no es un fundamento reconocido para usar la fuerza en el territorio de otro Estado sin su consentimiento. Por tanto, la intervención vulnera la norma más fundamental del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Crimen de agresión: artículo 8 bis del Estatuto de Roma

El Estatuto de Roma define el acto de agresión como «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado». La definición abarca la invasión, la ocupación militar, el bombardeo y el bloqueo.

La Operación Absolute Resolve consistió en el bombardeo de infraestructura venezolana, la invasión por fuerzas de operaciones especiales y la captura y extracción por la fuerza del jefe de Estado. Reúne varios elementos del crimen de agresión. Las características de la violación son claras; su gravedad y escala (unas 80 personas muertas y la captura del jefe de Estado) son considerables, aunque inferiores a las de una guerra a gran escala. La CPI no puede ejercer su competencia respecto del crimen de agresión sobre nacionales estadounidenses (artículo 15 bis, párrafo 5), pero la conducta sigue siendo un crimen con arreglo al derecho internacional consuetudinario.

Carta de la OEA: la norma regional de no intervención

El artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone: «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro». Esta norma tiene especial fuerza en el hemisferio occidental, dada la historia de intervenciones estadounidenses en América Latina.

Derecho interno: la Resolución sobre Poderes de Guerra

Con arreglo al derecho interno de los Estados Unidos, la Resolución sobre Poderes de Guerra exige la autorización del Congreso para introducir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades. No se obtuvo tal autorización. Aunque se trata de una violación del derecho interno y no del derecho internacional, agrava la ilicitud de la operación al demostrar que se eludió incluso el propio marco constitucional del Gobierno de los Estados Unidos.

Consenso de los expertos

El consenso jurídico internacional en contra de la intervención es abrumador:

• Chatham House concluyó que la intervención «no tiene justificación en el derecho internacional».
• El Secretario General de las Naciones Unidas la calificó de «precedente peligroso».
• Just Security publicó un análisis detallado que concluye que la operación vulnera el derecho internacional.
• WOLA afirmó que la intervención «vulnera el derecho internacional».
• El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York pidió al «Congreso que actúe para poner fin a las violaciones del derecho estadounidense e internacional cometidas por el presidente en Venezuela».
• FactCheck.org examinó las cuestiones jurídicas y no encontró ninguna justificación jurídica creíble.

Por qué se clasifica como de grado máximo

• Violación de la norma fundamental del derecho internacional: la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado es la piedra angular del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos contribuyeron a establecer esta norma.
• Cambio de régimen por la fuerza: la captura y extracción de un jefe de Estado en ejercicio mediante la fuerza militar. El precedente más cercano, la invasión estadounidense de Panamá en 1989 para apresar a Manuel Noriega, fue condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Ninguna justificación jurídica: no se aplica ni la legítima defensa ni la autorización del Consejo de Seguridad, las únicas excepciones reconocidas a la prohibición del uso de la fuerza.
• Crimen de agresión: la operación reúne los elementos del crimen de agresión con arreglo al Estatuto de Roma.
• Amplia condena internacional: Gobiernos de África, Asia y América Latina, así como el Secretario General de las Naciones Unidas, importantes centros de estudios y colegios de abogados, condenaron la intervención.
• Precedente peligroso: si un Estado puede invadir unilateralmente a otro, bombardear su infraestructura y capturar a su jefe de Estado sin autorización del Consejo de Seguridad ni justificación de legítima defensa, la prohibición del uso de la fuerza queda en la práctica anulada.

Violaciones del derecho internacional

1. Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas: prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Vulnerado por la campaña de bombardeos, la incursión terrestre y la captura del jefe de Estado.
2. Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas: la excepción de legítima defensa es inaplicable; Venezuela no había atacado a los Estados Unidos.
3. Artículo 8 bis del Estatuto de Roma: crimen de agresión; uso de la fuerza armada contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela.
4. Artículo 19 de la Carta de la OEA: obligación de no intervención; ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de cualquier otro.
5. Resolución sobre Poderes de Guerra de los Estados Unidos: sin autorización del Congreso para introducir fuerzas armadas en hostilidades.
6. Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas: solo el Consejo de Seguridad puede determinar la existencia de toda amenaza a la paz y decidir medidas coercitivas. No se solicitó ninguna resolución del Consejo de Seguridad.